En las redes sociales, movilizaciones ciudadanas, en amplios debates desde los movimientos estudiantiles y los medios de comunicación, se menciona la ley 30, aquella que establece los parámetros para la educación superior en el país; y que hoy plantea una reforma que impacta no sólo el escenario de la coyuntura actual sino de nuestro devenir, por las implicaciones que tendría para una sociedad que piensa y defiende la educación como derecho.

Empecemos por ahí, la educación es un derecho fundamental que está en peligro pese a estar contemplado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que Colombia ha suscrito y partiendo del hecho innegable de que la educación es el medio preciso para la realización de otros derechos, que nos permiten la posibilidad de pensar en la equidad y el acceso a condiciones dignas para la toda la población de este país.

Reformar la educación tal y como se tiene concebida en el país es necesario, pero el centro de tan profunda discusión no puede ser la lógica económica. El problema de la Ley 30 para hacerlo más visible, es que paulatinamente ha disminuido el financiamiento de la educación pública universitaria, y esto implica una pérdida de calidad, y en coberturas escandalosas para compensar los costos e impulsar la ganancia como motor de la Universidad

Anteponemos, la calidad, la oportunidad, el acceso y la realidad social que vivimos: acceder a una educación de calidad no puede estar condicionado a la capacidad de pago o endeudamiento de los estudiantes y sus familias. La realidad social de nuestro país lamentablemente hace que muy pocos puedan tener acceso a la educación superior y es en la instituciones de carácter público donde el grueso de estas personas, que se encuentran en estratos 1, 2 y 3, pueden tener oportunidades de acceso al desarrollo y de proyectar las potencialidades intelectuales que poseen.

Si bien es estratégico pensar en las vocaciones de la ciudades y en la oferta y posibilidades de ingresos de las personas, los espacios académicos proporcionan discusiones y salidas a problemáticas sociales y culturales que transcienden la dinámica del mercado. No todo va en el mismo paquete, la formación técnica y tecnológica es importante como también lo es la posibilidad de profesionalización y profundizar en otras áreas del saber. En un Estado Social de Derecho, donde priman las libertades de los seres humanos, resulta un absurdo establecer mediante ley nacional, barreras y alineaciones para la producción de conocimiento.

La ciudadanía en pleno debe recordar que es obligación del Estado garantizar la educación de todos máxime a los grupos desfavorecidos económicamente, quienes de no ser así, estarían excluidos del sistema educativo. Nadie se opone a la ampliación de cobertura hasta la universalidad, pero sin sacrificar la calidad, ni presentando cursos de tres meses en competencias laborales como educación universitaria, tal como ocurre hoy en el SENA.

Hoy la inversión social es prioritaria, y somos muchos los que le apostamos a la educación como herramienta para hacerle frente a las violencias. Queremos que los recursos de este país -nuestros recursos- sean invertidos en oportunidades y no en una “seguridad” que antepone las estrategias de guerra, violencia y control social. La financiación de la educación pública en el modelo actual tiene un déficit acumulado que la condena a la postración y aún con la reforma, sigue siendo un incremento muy bajo.

Esta no es una discusión aislada, es miope pensar que le pertenece a los estudiantes y a la Ministra de Educación ¡es una discusión de todos!, y quienes hoy estamos y quienes estarán en los espacios de representación a nivel local, también debemos entrar al debate público en defensa de un derecho fundamental, concejales y diputados debemos exigir la oportuna transferencia de recursos para nuestras instituciones públicas, cuidar la calidad de los programas y fundamentalmente proteger el futuro de los jóvenes y de las generaciones futuras, recordemos que la obligación que aceptamos al representar a muchas ciudadanas y ciudadanos, está en trabajar por el bien común y en tener la capacidad de mirar en perspectiva más allá del territorio en el cual fuimos elegidos.

LUIS BERNARDO VÉLEZ M.

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Medellín Digna

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Es reconfortante e inmensamente alegre compartir esta campaña con tantas personas jóvenes, porque con su entusiasmo, propuestas y criterios, reivindican en cada acción sus ganas de vivir.  Vale la pena este esfuerzo, este intenso trabajo en compañía de mujeres y hombres jóvenes caminando la calle, los barrios, las universidades tras el propósito de una Medellín digna.

Estamos construyendo desde nuestros sueños originales -  esos que nos llevaron a hacer política - una alternativa democrática nueva: la ASI, un Partido nuevo, contemporáneo, un partido joven, en el que se respeta la voz, el querer, las necesidades, intereses, deseos y derechos de los y las jóvenes.  Solo es posible transformar la política con la creativa y activa participación de nuestra gente joven.

ASI como le apuesto a un partido que garantice la participación juvenil en su interior, que garantice la equidad entre generaciones, le apuesto a una ciudad para la juventud, que respete y garantice sus libertades personales, la libre expresión, la libertad de conciencia y pensamiento.  Una ciudad que garantice la vida digna de toda su gente y de manera especial de la juventud.  Nuestro primer compromiso con la Juventud de Medellín es garantizar su ciudadanía plena sin exclusiones ni absurdas restricciones.  

No podemos permitir  tanta zozobra, tanto temor y es claro que no se resuelve sólo con medidas policivas, que son importantes, pero lo más importante para nosotros es abrir oportunidades. Hoy las mafias y las violencias hacen de nuestros jóvenes sus principales víctimas, tenemos que  decirle a los grupos ilegales alto, no más reclutamiento, límites territoriales y que sea la movilización de nuestra energía creativa una herramienta más, para espantar el miedo y hacerle frente a esta constante amenaza que vivimos. Cuentan conmigo y con el colectivo que me acompaña, para romper con los estigmas a nuestra juventud haciendo propicia la plena participación juvenil. 

Me comprometo en nombre de nuestro colectivo político con la profundización de las políticas que hoy posee el municipio de Medellín, haciéndolas cada vez más integrales e incluyentes.  Reconocemos la importancia social y demográfica de  la juventud, su papel transformador, que requiere la atención de sus necesidades básicas, aspiraciones y potencialidades.

Una ciudad digna para la juventud nos compromete también con la implementación de una política pública que contenga y privilegie su desarrollo humano integral,  hoy tenemos un Plan Estratégico de Juventud,un proceso de creación del Índice de Desarrollo Juvenil -pionero en el país -, que nos permitirá clarificar el camino de los programas que hoy existen,es decir, tenemos herramientas políticas y recursos significativos, pero necesitamos participantes jóvenes que exijan y recreen estas políticas.

Una Medellín digna, es una Medellín para los jóvenes, que muchos de ustedes crean en esto ¡Nos mueve! en tanto mantiene la esperanza de que en este país existe quienes le apuestan a la transformación y al ejercicio de una política donde construimos palmo a palmo, de manera conjunta la ciudad que queremos.

Con afecto,

Luis Bernardo Vélez Montoya

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