En las redes sociales, movilizaciones ciudadanas, en amplios debates desde los movimientos estudiantiles y los medios de comunicación, se menciona la ley 30, aquella que establece los parámetros para la educación superior en el país; y que hoy plantea una reforma que impacta no sólo el escenario de la coyuntura actual sino de nuestro devenir, por las implicaciones que tendría para una sociedad que piensa y defiende la educación como derecho.
Empecemos por ahí, la educación es un derecho fundamental que está en peligro pese a estar contemplado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que Colombia ha suscrito y partiendo del hecho innegable de que la educación es el medio preciso para la realización de otros derechos, que nos permiten la posibilidad de pensar en la equidad y el acceso a condiciones dignas para la toda la población de este país.
Reformar la educación tal y como se tiene concebida en el país es necesario, pero el centro de tan profunda discusión no puede ser la lógica económica. El problema de la Ley 30 para hacerlo más visible, es que paulatinamente ha disminuido el financiamiento de la educación pública universitaria, y esto implica una pérdida de calidad, y en coberturas escandalosas para compensar los costos e impulsar la ganancia como motor de la Universidad
Anteponemos, la calidad, la oportunidad, el acceso y la realidad social que vivimos: acceder a una educación de calidad no puede estar condicionado a la capacidad de pago o endeudamiento de los estudiantes y sus familias. La realidad social de nuestro país lamentablemente hace que muy pocos puedan tener acceso a la educación superior y es en la instituciones de carácter público donde el grueso de estas personas, que se encuentran en estratos 1, 2 y 3, pueden tener oportunidades de acceso al desarrollo y de proyectar las potencialidades intelectuales que poseen.
Si bien es estratégico pensar en las vocaciones de la ciudades y en la oferta y posibilidades de ingresos de las personas, los espacios académicos proporcionan discusiones y salidas a problemáticas sociales y culturales que transcienden la dinámica del mercado. No todo va en el mismo paquete, la formación técnica y tecnológica es importante como también lo es la posibilidad de profesionalización y profundizar en otras áreas del saber. En un Estado Social de Derecho, donde priman las libertades de los seres humanos, resulta un absurdo establecer mediante ley nacional, barreras y alineaciones para la producción de conocimiento.
La ciudadanía en pleno debe recordar que es obligación del Estado garantizar la educación de todos máxime a los grupos desfavorecidos económicamente, quienes de no ser así, estarían excluidos del sistema educativo. Nadie se opone a la ampliación de cobertura hasta la universalidad, pero sin sacrificar la calidad, ni presentando cursos de tres meses en competencias laborales como educación universitaria, tal como ocurre hoy en el SENA.
Hoy la inversión social es prioritaria, y somos muchos los que le apostamos a la educación como herramienta para hacerle frente a las violencias. Queremos que los recursos de este país -nuestros recursos- sean invertidos en oportunidades y no en una “seguridad” que antepone las estrategias de guerra, violencia y control social. La financiación de la educación pública en el modelo actual tiene un déficit acumulado que la condena a la postración y aún con la reforma, sigue siendo un incremento muy bajo.
Esta no es una discusión aislada, es miope pensar que le pertenece a los estudiantes y a la Ministra de Educación ¡es una discusión de todos!, y quienes hoy estamos y quienes estarán en los espacios de representación a nivel local, también debemos entrar al debate público en defensa de un derecho fundamental, concejales y diputados debemos exigir la oportuna transferencia de recursos para nuestras instituciones públicas, cuidar la calidad de los programas y fundamentalmente proteger el futuro de los jóvenes y de las generaciones futuras, recordemos que la obligación que aceptamos al representar a muchas ciudadanas y ciudadanos, está en trabajar por el bien común y en tener la capacidad de mirar en perspectiva más allá del territorio en el cual fuimos elegidos.
LUIS BERNARDO VÉLEZ M.
Medellín Digna
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