Acusar al presidente de asesinato es un acto a todas luces temerario. Afirmar que Álvaro Uribe Vélez mandó matar a un paramilitar por intermedio de otro paramilitar suena a chiste, a comentario flojo, fantástico, que además de inverosímil resulta ridículo. Nadie, hasta que no hayan pruebas fehacientes que demuestren lo contrario, podría empezar a creer en semejante crimen. Por eso se entiende la indignación del primer mandatario al saber que se le incrimina de ese modo. Lo que no se entiende es todo el escándalo que el mismo presidente ha suscitado a propósito de las supuestas garantías que el magistrado auxiliar Iván Velázquez supuestamente ofreció al supuesto testigo, un ex paramilitar capturado en enero pasado, quien es el mismo que además informó a la presidencia de la supuesta investigación, en una comunicación motivada porque a alias Tasmania le parecía que el magistrado quería “perjudicar” al presidente, instigando un complot en su contra.
Y más que poco compresible resulta bastante sospechosa la reacción del presidente. Sospechosa justo porque las explicaciones a las salidas de tono en este sentido del primer mandatorio indican que se está tratando de deslegitimar cuando no entorpecer el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso tan trascendental para la historia y la justicia del país como el de la parapolítica. Bien se sabe que el magistrado Velázquez es el investigador principal del proceso que tiene a más de treinta congresistas involucrados con delitos cometidos por las AUC.
Las razones para justificar las sospechas son múltiples. La primera es que el magistrado aludido ha negado en privado y en público estar investigando al presidente, entre otras porque ni a él ni a la Corte Suprema le compete, porque cuando se reunió con alias Tasmania ni siquiera se mencionó del primer mandatario y porque de esa reunión no quedó ningún documento factible de convertirse en pieza procesal en contra de Uribe.
La segunda razón para sospechar de los intereses presidenciales, es justamente la llamada que el presidente le hizo en septiembre al magistrado, pidiéndole explicación sobre el asunto, a lo que en privado el magistrado le respondió lo que ya en octubre le tocó decir en público: que esa reunión pretendía investigar las relaciones de algunos políticos con las autodefensas y que allí no se trató ningún tema que comprometiera a la presidencia.
¿Qué ocurrió entre septiembre y octubre para que el presidente informara a la opinión pública de la supuesta instigación? ¿Por qué el presidente le da más crédito a una versión de un ex paramilitar y no a la de un juez conocido desde hace más de veinte años como un hombre íntegro? Es más, ¿qué hace el presidente llamando a un magistrado auxiliar de la Suprema Corte preguntando por un supuesto complot en su contra? ¿Acaso el presidente no conoce que existe un debido proceso y que por más que a él le parezca que la opinión pública es el juez natural del gobierno debe seguirlo?
Y más allá de estos interrogantes siguen existiendo más razones para sospechar de la conducta del presidente. Solicitarle al Fiscal General de la Nación que abra una investigación en torno al asunto desvía la atención de lo que verdaderamente debería interesarle a la Corte Suprema y en buena lógica también al presidente, es decir, que se investiguen, se juzguen y se conozcan los nexos de los políticos con los grupos paramilitares. Álvaro Uribe, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a exigir este tipo de investigación, pero mal le queda a la dignidad presidencial presentar una prueba tan peregrina como la carta y el testimonio de un ex paramilitar como prueba reina, enfrentada a las versiones tanto de un magistrado como de la fiscal que lleva los casos de alias Tasmania por secuestro. De otro lado, sorprende y es sospechosa la posición del presidente con los medios de comunicación. Cuando en el programa de opinión Hora 20 se estaba analizando el tema y uno de los invitados, Juan Gabriel Uribe –galardonado esta semana con el premio Simón Bolívar de periodismo como mejor periodista–, había suscrito la tesis de la misma Corte Suprema, según la cual el presidente estaba interviniendo indebidamente en la justicia, éste llamó pidiendo que se le diera la palabra y no demoró en increpar al periodista, exigiéndole que sustentara su posición. A Juan Gabriel Uribe no le quedó más que remitirse a los comentarios de la Corte Suprema y, asustado, tratar de moderar un poco el comentario que hace poco había expresado. ¿Le queda bien a un presidente personalizar con un periodista un problema que conmueve toda la institucionalidad estatal?
Por todo lo anterior de la sospecha se pasa al peligro. Un peligro dado en que el ejecutivo, en cabeza de Álvaro Uribe, intervenga en la rama judicial, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Porque el pilar de la democracia es precisamente la separación de poderes, en un delicado equilibrio en que cada rama vigila y controla a las otras, garantizando los derechos propios de un Estado constitucional. Un peligro que se redobla cuando esa intervención del presidente llega incluso a los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, encargado nada menos que de vigilar y denunciar a los demás poderes. Y del peligro se pasa al temor cuando por el poder acromegálico del presidente se ponen entredicho la autonomía de la justicia y de paso se conmueven los principios del Estado de Derecho.
Pueda ser que todo este escándalo no sea más que un producto innecesario de la indignación convertida en pataleta presidencial. Pueda ser que este episodio hable más del carácter primario de Álvaro Uribe Vélez que de sus verdaderas convicciones políticas. Y pueda ser que al final de todo se conozcan y se juzguen a los políticos relacionados con la barbarie atribuible a las autodefensas.
Luís Bernardo Vélez Montoya
Concejal
