Proteger una riqueza necesaria, desaprovechada y en peligro

Un informe de Profamilia, publicado en el año 2005, indica que el 15% de los hogares urbanos de Colombia no cuenta con ningún tipo de conexión a acueducto. En el mismo año, la Defensoría del Pueblo informó que sólo en el 17.8% de los municipios del país se estaba suministrando agua potable de calidad; esto significa que en 788 municipios el agua que se suministra no es apta para el consumo humano. Siguiendo con las cifras, Medellín, la ciudad que cuenta de lejos con los mejores servicios públicos de Colombia, tiene poco menos de 50.000 familias desconectadas del servicio de acueducto .

Por indicadores de este tipo, resulta apenas obvio que la problemática del agua potable en el país es aterradora. Mucho más aterradora si la calidad de vida de los colombianos, empezando por el acceso a agua de calidad, se contrasta con la riqueza de los recursos naturales, en este caso hídricos del país. Colombia produce 2.100 km³ de escorrentía total anual; esto significa el 4.5% de la escorrentía mundial en un año. Al mismo tiempo el territorio posee 4 de las 214 cuencas mundiales mayores a los 100.000 Km²: Magdalena, Caquetá, Guaviare y Meta. Por si fuera poco, las reservas totales de agua subterráneas del país han sido calculadas en 140.000 Km³; o sea 70 veces el recurso hídrico superficial anual. Por último –y para que este editorial no se convierta en una lista de agua–: la precipitación promedio anual es de 3.000 mm, tres veces la cantidad promedio del planeta y casi el doble del resto de Suramérica. La pregunta es entonces: ¿nuestras ejecutorias, medidas por la tensión entre necesidades y pontencialidades resiste algún tipo de halago?

No, por supuesto que no, respondemos. Y al asombro que producen estos cómputos, se suma la amenaza de que nuestras fuentes de agua sean cedidas por el Estado a manos de particulares, como ya fue cedida, en parte, la prestación de los servicios públicos en general. En el mismo año 2005, fue presentado en el congreso el proyecto de ley 365, proyecto que abría la puerta para que el Estado entregara en concesión hasta por 50 años las fuentes de agua a manos privadas, para que fuera tratada y distribuida en una lógica eminentemente comercial. Afortunadamente el proyecto fue archivado, pero una vez indicada esa intención por parte del legislativo, la sociedad civil no puede desentenderse de la defensa cerrada de un bien que además de ser el más esencial para cualquier actividad humana, es un derecho, y un recurso de la nación, es decir, de todos los ciudadanos.

En consecuencia, se vienen adelantando las tareas para llevar a cabo el referendo en defensa del agua. Se trata de elevar a mandato constitucional el recurso del agua potable como un derecho en sí mismo, garantizando que todos los individuos en el territorio nacional cuenten con un mínimo vital gratuito, no sujeto ni al mercado ni a los intereses de lucro bien sea por parte de particulares o de las empresas industriales y comerciales del Estado que vienen prestando el servicio. En la actualidad el proceso del referendo se encuentra en la tercera de las nueve etapas para que la Constitución sea reformada. Luego de obtener el aval de la Registraduría, la iniciativa popular, encabezado por Ecofondo y respaldada en Antioquia por la Corporación Penca de Sábila, se encuentra en la tarea de recolectar el 5% del censo electoral en firmas para que el referendo, que busca incluir dos nuevos artículos en la constitución y la introducción de parágrafos en los artículos 63, 80 y 365, sea puesto a consideración en elecciones abiertas. El plazo máximo para la recolección de firmas expira la primera semana de septiembre. Son aproximadamente 1.400.000 firmas, número significativo, que con el apoyo y la difusión decidida de organizaciones sociales, sindicales, ONGs, y toda la sociedad civil, debe abrirse paso.

A nosotros no nos queda más que manifestar el más decidido apoyo a esta iniciativa, y desde ya poner toda nuestra capacidad de trabajo en beneficio de la garantía de acceso a agua potable, a un mínimo vital gratuito y a la defensa de los recursos naturales del país. Por último, debemos advertir que uno de los peligros más grandes que corre esta propuesta es la partidización; así que nos articulamos no abrogándonos ni la autoría, ni la dirección, ni los éxitos del referendo. Simplemente, acogemos y apoyamos la propuesta, que es vital para los intereses de la nación, con nuestros modestos recursos.

Luís Bernardo Vélez