Sin libertad sexual, no hay libertad política

El pasado sábado 28 de junio se celebraron en diferentes partes del mundo, actos conmemorativos con ocasión del “día del orgullo gay”, que quisieron recordarle al mundo, lo ocurrido en junio de 1969, en Stonewall, un legendario bar de Nueva York, frecuentado por homosexuales. Allí se presentaron unos ataques indiscriminados por parte de la  policía, dejando varios muertos y heridos; éste fue el inicio de la mayor resistencia conocida hasta ahora por el movimiento homosexual, para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos y dando inicio también a lo que hasta nuestros días se ha llamado como el “día del orgullo Gay”. 

Desde ese momento hasta hoy, son muchas las luchas y reivindicaciones que deben posesionarse en el tema de los derechos humanos de la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero), que si bien se ha ganado en reconocimiento en algunas acciones locales y nacionales, todavía hay un gran camino que recorrer en lo que se refiere al reconocimiento ciudadano de esta población.

El Estado social de derecho  responde a la determinación histórica de una unidad política que no sólo enuncia derechos sino que se compromete a realizar acciones dirigidas a que esa manifestación de garantías se haga realidad.  La Constitución Política de Colombia, consagra en su artículo 13 que el Estado promoverá  las condiciones de igualdad reales y efectivas, adoptando medidas  en favor de grupos discriminados o marginados, para garantizar el derecho de igualdad ante la ley como requisito previo de la dignidad humana.

Entre los grupos poblacionales que en Colombia son discriminados y no ven efectiva la realización del derecho a la igualdad, está la población LGBT, conformada por personas que desde el ideario de construcción de un movimiento social, buscan transformar  el país en un territorio cada vez más diverso y respetuoso de las diferencias acerca de la opción sexual y la identidad de género; buscando para ello, unas garantías político legales incluyentes, que respeten la diversidad sexual y la libre expresión de cada ciudadano y ciudadana.

Los órganos de monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han establecido que, la Orientación Sexual es un criterio de discriminación prohibido por los tratados de Derechos Humanos. Por lo cual en 2005 la  Alta Comisionada para los Derechos Humanos instó a Colombia a generar mecanismos de atención a ésta situación que se evidencia de manera grave en el país, señalando que para la población LGBT,  grupo altamente vulnerable,  no se ven garantías a mediano plazo, y además persiste ausencia de Políticas públicas adecuadas para la protección y garantías a esta población.

En los últimos dos años, la Procuraduría General de la Nación, y la Corte Constitucional realizaron labores jurídicas y políticas, promoviendo la exigibilidad  de derechos, trato de igualdad y respeto por el  libre desarrollo de la personalidad. Esta última corporación ha dado pasos importantes para las personas LGBT, al reconocer en menos de un año el derecho a heredar de su pareja y a afiliarla a una EPS; además,  permitió que las parejas del mismo sexo puedan recibir pensión de sobreviviente; mientras que en  el Congreso no prosperó una reforma en este sentido después de fuertes debates.
En el plano local, los planes de desarrollo (Medellín, Compromiso de Toda la Ciudadanía 2004 2007 y Medellín es Solidaria y Competitiva, 2008 - 2011) consolidaron su agenda local dedicada no sólo a reconocer la existencia de la población LGBT como sujetos de derecho, sino a generar programas de acompañamiento y promoción desde las Secretaria de Cultura Ciudadana y de Gobierno, pasando desde la creación de una mesa de trabajo permanente entre la población y la administración municipal, hasta la creación de la figura de la policía Enlace para la Población LGBT, campañas permanentes de comunicación y el inicio de una política pública. De otro lado, la Personería de Medellín en su Unidad Permanente de Derechos Humanos, ha  consolidado un acompañamiento permanente a la defensa y garantía de los derechos de esta población.
Pese al trabajo realizado por la Administración Local y el Ministerio público; en la ciudad se siguen presentando actos de homofobia, lesbofobia y transfobia que ponen en riesgo la vida de esta población: asesinatos, desapariciones,  lesiones personales, amenazas a su vida, restricción en el uso del espacio público, acciones que hacen parte de unas conductas que no están en sintonía con la transformación de la ciudad. Además, se han detectado grupos al margen de la ley en sectores específicos, que bajo la campaña de la mal llamada “limpieza social”, han evidenciado los principales tipos de violaciones de derechos a que se ve sometida esta población, como amenazas, violaciones, extorsiones y asesinatos.
En lo que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, se  presentan obstáculos para acceder a medios educativos y laborales por su condición sexual; de la misma manera, en las cárceles de la ciudad es considerable el número de personas recluidas LGBT que están expuestas a la violación, abuso, discriminación y tratos crueles por su orientación sexual.

Por ello en estos días de conmemoración nos corresponde asumir un compromiso político trascendental con este grupo poblacional y todos aquellos que en la ciudad por su condición minoritaria (en número proporcional) son amenazados o vulnerados, garantizándoles una ciudad incluyente y en realización plena de la diversidad cultural, étnica, religiosa y sexual, recordando que sin estas libertades de manera plena, es imposible una libertad política.