Comencemos con una frase conocida: “La historia que se repite se convierte en farsa; la farsa que se repite se convierte en historia”. Y es que parece que en Medellín, o bueno, en Colombia en general, vivimos un perpetuo retorno de lo mismo; una y otra vez como las estaciones en los países fuera de la zona tórrida, repetimos errores que han estado a la luz pública y que tienen que ver precisamente, con el clima.
Cada año con la temporada invernal, la historia se repite. Para el caso de Medellín basta con una revisión somera a los titulares de los medios de comunicación para comprender que en cada invierno ocurre un nuevo desastre; las cifras del 2008 ratifican que esta ciudad es un territorio de alta vulnerabilidad humana por su composición geomorfológica: 10.538 personas afectadas, equivalentes a 3.130 hogares, 29 personas heridas, 68 viviendas destruidas y 251 averiadas; sin contar con hechos tan lamentables para la ciudadanía como los del barrio El Socorro (27 víctimas mortales), El popular sector de Cañada Negra (4 muertos), la vía a San Jerónimo (2 muertos), El Poblado (12 muertos) y La Iguaná (4 muertos).
Podríamos decir que vivimos una farsa dolorosa. Y el lector desprevenido nos podría reprender aludiendo que llamamos farsa a lo que no es más que una tragedia: mujeres, niños, hombres, animales, cosechas, casas, territorios enteros arrasados por el poder del agua. Pero decimos farsa, conscientes de lo que eso implica. Una farsa, más allá de su acepción de mentira, es un género del teatro en que el argumento se sostiene por situaciones en que los personajes actúan de modo extraño, chocante, sin que eso implique que el espectador les pierda el respeto, es más, inclusive pueden llegar a infundirle miedo. Y es así que todos los años las autoridades indican que tras tal o cual calamidad se tomarán las medidas preventivas del caso, que se redoblarán los esfuerzos para que un nuevo derrumbe, una nueva inundación o una nueva avalancha no vuelvan a suceder. Y llega el verano, después la lluvia y nuevamente nos damos cuenta que las declaraciones y las buenas intenciones de los responsables no fueron suficientes, por que se necesita también de una acción ciudadana que nos comprometa a todos para evitar lo que en esta editorial llamaríamos una farsa trágica.
La naturaleza sigue su curso y es poco lo que podemos hacer solos, no es una autoridad, no es una institución; de ser así cualquiera que quiera enfrentar estos eventos, estará atado a un destino que lo sobrepasa; de ahí lo trágico.
Las causas de los desastres también aparecen como las consecuencias de un proceso de abuso en contra del medio ambiente, que es de escala global y como la imprevisión de ciertas comunidades que, sea por los motivos que sean, ocupan lugares riesgosos. Ante lo primero, una institución de nivel local, inclusive nacional o mundial, tienen muy poco que hacer en el corto plazo, claro está, sin exonerarlas del compromiso desde ahora por menguar nuestros impactos a la naturaleza. Lo segundo depende de los motivos que expliquen el asentamiento en zonas de alto riesgo. En Medellín, la ocupación de las laderas obedece en gran medida a las invasiones históricas, producto de la pobreza y del conflicto armado que ha sufrido el país. Y siendo así, los argumentos para persuadir a los habitantes de esas zonas que las desalojen terminan por tener poco peso: o habitan ese pedazo de montaña que puede caerse con el primer aguacero o sencillamente se quedan sin donde vivir. Las autoridades, claro, cambiarían un problema por otro, quizá con implicaciones más funestas. No obstante, si la ocupación de esas zonas inseguras obedece a la misma imprevisión de las instituciones, otorgando licencias de construcción en lugares peligrosos o no regulando las condiciones mínimas de seguridad en una edificación; no queda más que repudiar y castigar a los responsables.
Es evidente que se requiere mayor control del Estado no solo para prohibir la construcción, sino incluso para brindar asesoría técnica básica para mitigar posibles riesgos; prohibir, prevenir riesgo pero con alternativas (asesoría o reubicación), ya que nadie vive en estas laderas por simple gusto y prohibir lo único que ha generado es mayor informalidad. Como parte del problema, en mi ejercicio de sujeto político y como representante de ciudadanos y ciudadanas, mi llamado es a las acciones conjuntas y a la voluntad política de los municipios de la región a que pensemos en la necesidad del control al crecimiento de la ciudades; poniendo especial atención en las zonas de frontera entre lo urbano y rural y también para insistir, inclusive a costos políticos altísimos, en que la permanencia en zonas de riesgo no puede ser garantizada por nadie, porque lo que se juegan los individuos no es más que la vida; ante la inminencia del desastre la única salida es el desalojo y estar en capacidad de ofrecer alternativas para los afectados.
De igual forma es claro que la comunidad, de forma individual y colectiva, también debe ejercer control ¿porqué arrojar colchones en fuentes de agua o deshacerse de escombros por doquier? lo que ocurre hoy con este tema, también es un llamado a la conciencia; de no ser así, al cabo de unos años, nuestra historia como ciudad se convertirá en una farsa.
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