Como consecuencia del incremento de homicidios en Medellín, los enfrentamientos entre grupos armados Ilegales y en general la reorganización criminal en este territorio, las Autoridades Municipales decidieron implementar la medida del toque de queda para algunas comunas de la ciudad. La decisión se toma luego de un estudio previo de la Policía Nacional que la recomienda para las Comunas 3, 4, 5, 6 y 10 y rige entre el viernes 21 de agosto y el miércoles 28 de octubre de 2009.
A pesar de que la medida aún se encuentra vigente para la Comuna 10, es decir, el sector conocido como La Candelaria o El Centro, resulta pertinente que las Autoridades Municipales, las organizaciones sociales y políticas, y en general, las y los ciudadanos de Medellín, realicen un balance sobre la efectividad de esta medida y evalúen el comportamiento de la misma durante los meses en que estuvo vigente. Es por esto que la iniciativa ciudadana Pasa la Vos decide dedicar su emisión del 31 de octubre de 2009, a debatir, evaluar y comentar esta medida con representantes del ministerio público y las comunidades afectadas.
A nuestro juicio, a pesar de que las Autoridades Municipales entregan un reporte positivo de la medida argumentando que sólo en dos de las comunas en donde venía funcionando el toque de queda, los homicidios continuaron su tendencia al alza; consideramos que no fue una medida exitosa, pues no frenó significativamente la racha de homicidios que padece la ciudad y puso en evidencia que fue una medida improvisada, que poco consultó la opinión de las comunidades afectadas y que pone en rivalidad derechos humanos que no tienen porque competir como lo es la vida y la libertad.
En efecto, lejos de convertirse en un duro golpe para las organizaciones criminales que operan hoy en la ciudad de Medellín y frenar significativamente la tasa de crecimiento de homicidios, el toque de queda contribuyó para retornarle un estigma de criminales a los jóvenes que había sido superado en los años noventa. En las comunidades afectadas muchos jóvenes aseguran que han perdido oportunidades de empleo, ya que el tener como residencia un territorio intervenido con el toque de queda, genera desconfianzas en sus posibles empleadores.
Igualmente como operó el toque de queda podría pensarse que no se diseñaron procedimientos claros y efectivos que permitieran proteger la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes que no respetaran la medida. La Policía Nacional y las Autoridades Municipales literalmente se vieron “encartados” con los menores de 18 años infractores: la Unidad Permanente de Justicia, a donde fueron inicialmente conducidos, y los Centro de Acogida, dejaron en claro la falta de adecuación de estas instituciones y locaciones para atender este tipo de población en la ciudad. Adicionalmente, los menores cuyos padres no era posible ubicar, eran dejados en libertad en horas de la madrugada en sectores y barrios de la ciudad donde operan grupos armados ilegales y donde su seguridad y el respeto por sus derechos no se encuentran garantizados.
Por otro lado, gran confusión genera el hecho de que la medida continúe en el centro de la ciudad como alternativa para impedir el abuso y explotación sexual de la niñez, esta orientación que toma la medida, genera entre otras cosas, preguntas acerca del papel que hasta ahora ha jugado la Policía en la protección de estas personas, así como el qué tiene en el cumplimiento de normas municipales (acuerdo 50/09) que buscan prevenir la explotación sexual infantil y que ya tiene vigencia en la ciudad.
Finalmente si hablamos de un balance de la medida, no podemos dejar de mencionar los cuestionamientos sobre las carencias en las políticas de seguridad que actualmente se implementan en la ciudad, donde no se incluye la participación de las comunidades organizadas ni un enfoque de derechos, tal y como debería ser.
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