En días pasados la ciudad tuvo un espacio académico que permitió profundizar en el análisis y propuestas sobre el problema de seguridad y violencias urbanas, donde pudimos reflexionar sobre las características y las formas que hoy tiene este flagelo no sólo en Medellín, sino en diferentes ciudades latinoamericanas como Ciudad Juárez, Río de Janeiro y Buenos Aires: el Seminario Internacional el LABERINTO DE LAS VIOLENCIAS.
La respuesta de este seminario muestra que el problema de violencia en la ciudad convoca a los diferentes estamentos de la sociedad, lo cual constituye un elemento esperanzador que revela el interés y el compromiso de todos y todas para buscar salidas a esta situación que sin duda constituye el mayor reto para la gobernabilidad democrática de Medellín.
Las reflexiones que de allí salieron parten de la noción de que la ciudad requiere un debate público, constructivo y propositivo donde se reconozca la magnitud y el alcance de la situación de violencia que hoy vivimos. Para muchas personas que se silencie su situación, que se menosprecie la magnitud de su drama o que se invisibilicen los poderes ilegales que les determinan su vida cotidiana, es un motivo de indignación y les trasmite la noción de que la sociedad y el Estado son indiferentes frente a su suerte.
Fue importante entender entre otras cosas, que no se puede considerar que existe una relación mecánica, directa y simple entre violencia y pobreza; pero si es evidente que esta sociedad debe adelantar una profunda reflexión sobre por qué centenares de jóvenes encuentran en la oferta ilegal de los grupos armados una posibilidad de vida y una alternativa a su existencia marginal.
Un tema sensible y que se ha convertido en punta de lanza para la dominación ilegal es la relación de algunos grupos armados con los recursos públicos. Para esto es necesario, cortar todo tipo de flujos que lleven recursos del Estado a las arcas de los grupos ilegales, lo cual implica una vigilancia al detalle de la contratación pública para evitar que mediante la extorsión y/o la cooptación, se capturen recursos que deben estar al servicio de la ciudadanía, pero igualmente, se requiere una veeduría sistemática a los programas que tienen como destinatarios a integrantes de grupos armados ilegales para que no se presente lo que se ha denunciado y es que se utilicen recursos públicos para fortalecer la capacidad de daño o que líderes e integrantes de estas agrupaciones lleven una vida doble: de día en la legalidad y de noche en el mundo criminal.
Coincidimos con estas ciudades hermanas, que para poder tener un resultado eficaz en la lucha contra la delincuencia se debe contar con una fuerza pública que ofrezca confianza a la ciudadanía y que esté desligada de cualquier compromiso con actores ilegales; pues de lo contrario no sólo se arriesga el éxito de las operaciones sino lo que es peor, se pone en entre dicho la legitimidad de las autoridades y se lesiona profundamente la institucionalidad democrática. Esto implica absoluto respeto y acatamiento por los derechos humanos, una total depuración de los organismos de seguridad y una sanción ejemplar a quienes incumplan con la constitución y las leyes.
Este dialogo no termina en el seminario es un llamado para que cada uno desde su radio de acción, tengamos el propósito común de sacar adelante a la ciudad de esta grave encrucijada en que se encuentra. Sigue una acción concertada entre el Estado y la sociedad civil para pasar de manera definitiva la página de la violencia.
LUIS BERNARDO VÉLEZ M.
Concejal de Medellín
